Fue como armar un rompecabezas. Los pesquisas tuvieron que acomodar varias fichas para poder conseguir cerrar la investigación más importante en los expedientes iniciados por amenazas de bombas. Por primera vez, concretaron la detención de un hombre acusado de haber realizado múltiples amenazas contra de los tres poderes del Estado, establecimientos educativos y empresas. Lo más increíble es que habría adoptado esta conducta para concretar una venganza personal.
Entre el 10 de agosto y el viernes pasado, un hombre se comunicó a por lo menos un establecimiento educativo, una concesionaria de autos, una estación de servicio, Casa de Gobierno (en más de una oportunidad), los tribunales de barrio Sur, el Ministerio Público Fiscal, el edificio del fuero penal de calle España y la Legislatura, para anunciar que había colocado una bomba que haría detonar en cualquier momento. En todos los casos, se identificaba utilizando tres nombres diferentes con el apellido González.
Con ese dato, los pesquisas establecieron que en una Unidad Fiscal de Violencia de Género existían unas 30 denuncias cruzadas en la que aparecía el apellido González. Luego establecieron que las amenazas surgían de diferentes líneas que estaban a nombres de personas del mismo apellido. “El éxito de esta investigación se debe a que se trató de un trabajo en equipo. La información surgió en una fiscalía que nada tenía que ver con la que investigaban este tipo de caso. Al descubrir esta trama, se pudo reorientar la investigación”, indicó en una conferencia de prensa el ministro fiscal Edmundo Jiménez.
Con ese dato, los investigadores descubrieron que si bien se habían utilizado distintas líneas, los mensajes salían del mismo celular. Fue así que comenzaron a realizar un rastreo con los datos preliminares que habían conseguido, pero se les presentó un problema. El acusado y la familia González viven a pocas cuadras y el informe que obtenían de las antenas no les permitía determinar quién era el autor de los ataques intimidatorios.
Para los pesquisas el cambio de chips no es casual. Surgió luego de que se formularan cargos en contra de otros imputados por intimidación pública y pese a que los defensores de los acusados señalaran que la simple titularidad de una línea no era prueba suficiente para acusarlos formalmente de ese delito. “Evidentemente él se percató de esa situación y decidió actuar de esa manera para evitar ser descubierto”, indicó una fuente judicial.
Allanamiento
“Se profundizó la pesquisa y logramos identificar al autor de las amenazas. Conseguimos una orden judicial, allanamos la vivienda y logramos la detención del acusado”, explicó la fiscala Mariana Rivadeneira que está al frente de los más de 130 expedientes por estos delitos que se iniciaron en la justicia ordinaria.
Personal de la ex Brigada de Investigaciones, al mando de los comisarios Héctor Marín y Jorge Dib, junto a los del Equipo Científico de Investigación Fiscal dirigidos por el secretario judicial Tomás Robert y Luis Germain, se presentaron en un domicilio del barrio Tiro Federal donde arrestaron a Gabriel Ernesto Valdez (24 años). Al requisar la casa, los pesquisas descubrieron que Jorge Gustavo Valdez (33), primo del sospechoso, tenía varios elementos que podrían haber sido utilizados para realizar los ataques intimidatorios. Al no poder justificar su procedencia, decidieron aprehenderlo. Secuestraron 25 celulares, 15 chips, tres computadoras, una tablet, siete dispositivos de almacenamiento y un modem que serán analizados por los peritos.
La medida judicial tuvo un momento particular. El acusado de las amenazas, al observar la presencia de las autoridades, dijo: “esto no va a quedar así, ya van a ver lo que les puede pasar”.
“La teoría del caso es que esta personas, para perjudicar a los miembros de la otra familia que denunció en reiteradas oportunidades decidió amenazar para perjudicarlos”, explicó el fiscal Carlos Picón que colabora con la pesquisas de estos casos. “La investigación no está cerrada todavía, no descartamos que haya realizado otros ataques”, añadió Rivadeneira.
Picón reconoció en la conferencia de prensa que este caso no sólo tiene la particularidad de que hay un sospechoso de múltiples amenazas, sino que además sumaron indicios de que el autor, que dijo ser estudiante universitario, tenía los recursos tecnológicos y conocimientos para llevar adelante estos ataques. “Hasta el momento no hay ninguna prueba de que haya existido una intencionalidad política detrás de esta amenaza. Todo está siendo investigado para llegar a saber la verdad”, finalizó.